“El hombre razonable se adapta al mundo: el
hombre no razonable persiste en intentar adaptar el mundo a sí mismo. Por
tanto, todo progreso depende del hombre no razonable”
Hombre y Superhombre-George Bernard Shaw
Hoy vivimos en forma acelerada, consecuencia
de los avances en las comunicaciones y la tecnología, lo que genera espacio ilimitado
para innovar y crecer, cuando contrastamos esto con lo que viene ocurriendo con
el Poder Judicial, da la impresión que este último fuese ajeno a la revolución
que vivimos, como si hubiese quedado atrapado en el tiempo, cometiendo los
mismos errores del siglo pasado, estableciendo una cultura en la que las formas
son las que priman, bajo un sistema de reglas de distribución de trabajo
absurdas, y dando la espalda a criterios como calidad y eficiencia.
Mis apreciaciones se basan en la experiencia
como abogado litigante, usuario permanente de este sistema, y para explicar mejor mi posición considero
oportuno tratar algunos aspectos de la práctica judicial desde puntos de vista
que podrían corresponder a un Juez, la parte que reclama justicia y el
abogado.
EL JUEZ
(i) Recibe más carga de trabajo que la
que cualquier abogado del sector privado atiende. Un estudio publicado en el
2015 determinó que el Poder Judicial tiene una carga procesal de 3´042, 292 expedientes, de los cuales el 55%
correspondía al acumulado de años anteriores, y el 45% a carga actual.
Ingresan 200,000 nuevos procesos al mes,
y el desfase al 2014 era de 1´865,361 expedientes[1],
el crecimiento de la carga es mucho mayor al de la descarga. Un juez utiliza su
tiempo en atender al público, dirigir audiencias, despachar con su personal y
luego revisar sus casos, ¿en qué momento estudia?, o ¿cuándo se capacita?, no
lo sé; ¿es posible que conozca los casos a su cargo?, es un hecho que conoce el
detalle de muy pocos.
(ii) El criterio que se utiliza para
distribuir expedientes entre los jueces no se basa en la dificultad del caso. A
magistrados que pertenecen a la misma especialidad se les asigna un número
igual de casos, pero un mismo magistrado de diez que le asignan, puede recibir
cinco de gran complejidad, mientras que su vecino diez muy sencillos. El tiempo
de dedicación a cada proceso depende, entre otros factores, del nivel de dificultad
de la controversia, si la distribución no contempla este factor, los jueces que
se soporten mayor cantidad de casos complejos no van a estar en posibilidad de
atender su trabajo de manera eficiente.
(iii) La especialidad es otro factor. Por
ejemplo, un Juez Civil puede recibir una demanda de desalojo, así como una de
indemnización por daños ambientales, u otra para determinar responsabilidades en
base al análisis de auditorias contables de suma dificultad; a diferencia de
los árbitros que pueden asistirse de profesionales reconocidos por su prestigio,
los jueces, salvo excepciones, deben acudir a peritos inscritos en el Registro
de Peritos Judiciales, que son asignados
al caso de manera aleatoria por el sistema, y que generalmente no dan con la talla
para participar en una controversia judicial de gran complejidad. Es decir,
muchas veces los jueces no tienen los conocimientos que exige la materia en
conflicto, sin embargo el Estado les asigna la responsabilidad de resolver el
mismo, sin darle las herramientas de apoyo que requiere para dicho fin,
generándose mayor incertidumbre y frustración en el justiciable.
(iv) Nuestro sistema ha divido los
jueces en titulares, provisionales y supernumerarios, el último reporte
publicado en el 2015, determina que de nuestros 2,912 jueces (1 juez cada
10,697 habitantes), 386 son provisionales, 1689 titulares, y 837
supernumerarios[2]; un juez provisional o súper
numerario no tiene seguridad en su
cargo, y está sujeto a las decisiones del Presidente de la Corte a la que
pertenece, lo que le resta autonomía e independencia.
LA PARTE
(i) Sea cual haya sido el resultado de
su proceso, estoy seguro que en opinión de una persona que ha transitado por el
Poder Judicial, esa es una experiencia que preferiría no repetir, antes que
pedir tutela, quien va a reclamar sus
derechos, seguro preferirá otorgar a su contraparte más concesiones de
las que estuviese dispuesto a ceder, y llegar a un muy mal arreglo, a fin de
evitar un proceso judicial. El sistema es perverso:
quien está en falta tiene más ventaja respecto de quien reclama, es ineficiente
e impone vallas gravosas a quien demanda por justicia.
(ii) Otro problema es la incertidumbre sobre
el resultado final. Se puede tener la razón, pero a lo largo del proceso
las partes experimentan una serie
de situaciones que no están acorde con la racionalidad, deben enfrentarse con
el criterio de jueces que no conocen o entienden sus casos, lo que se pone de
manifiesto en las audiencias o en las decisiones que emiten; además la
frustración propia por la demora en obtener una justicia que les es esquiva, y
porque deben recorrer un camino lleno de obstáculos propios de la
desorganización.
(iii) Los plazos procesales establecidos
por nuestras leyes no sirven si quiera de referencia para lo que ocurre en la
realidad. Tenemos las huelgas judiciales, que se dan todos los años. La última
huelga del 2016, paralizó el sistema por aproximadamente 45 días, período en el
que se frustraron las fechas de las audiencias, que seguramente las partes tenían
meses esperando que se den ¿Cuántos derechos se volvieron irrealizables por la
suspensión de labores del Poder Judicial?, no lo sabemos, pero el costo para el
país es muy alto, empezando por el retraso que se sufre en la obtención de
justicia, que no son solo los 45 días de huelga, sino la acumulación de trabajo
que contribuye al desfase del sistema judicial.
EL ABOGADO LITIGANTE
(i) Ser el abogado litigante es complicado,
antes que nada se le debe informar al
cliente lo que implica entrar al sistema judicial, el camino a recorrer, la
duración de los procesos, la incertidumbre cuya consecuencia es la falta de
seguridad jurídica, los cambios de jueces, uno se esmera en que el juez a cargo
conozca su caso, pero de buenas a primeras puede ser cambiado y nombran a un
nuevo juez, con otro tipo de criterio, y de gestión, a empezar todo de nuevo.
(ii) Los abogados para informar
oralmente un caso nos preparamos para persuadir
a los magistrados de nuestra posición, resulta frustrante acudir el día del informe a
la Sala correspondiente de la Corte Superior o Corte Suprema, y comprobar
que ese mismo día se van a realizar en forma conjunta con el nuestro, 15
informes más por lo menos. Hay Salas que agrupan todos los informes en un mismo
día de la semana; la pregunta que uno se hace es, ¿qué puede quedar en el
Magistrado a cargo de tu procesos de la presentación que hiciste?, si ese mismo
día durante más de 3 horas escuchó los argumentos de abogados en temas totalmente diferentes, con el agravante
que la sentencia que se emita es improbable se expida en un plazo menor a dos
meses de efectuado el informe. ¿Sirve de algo el informe oral?, ¿vale la pena
prepararnos y cargar esas horas de trabajo a nuestro cliente?
(iii) Las audiencias, cuando menos en el
fuero civil, se levantan en un acta por escrito, y cuando son audiencias de
pruebas en las que hay interrogatorios, los mismos se deben plasmar en el acta,
y en ese tránsito se pierde el impacto del mismo, generalmente después de
realizada la pregunta y respondida la misma, el auxiliar judicial y el Juez,
adaptan el texto de la pregunta al acta, y abrevian la respuesta al momento de
su transcripción, en esos momentos todo es un caos, abogados y partes pugnan o
por mantener las respuestas como se dieron, o arreglar el sentido de las mismas
cuando perciben que la inicial no resulta conveniente, se distorsiona la
finalidad del interrogatorio.
Son muchos los males que aquejan nuestro
sistema, estos son solo algunos de ellos, la corrupción es otro, esta nace por
diferentes motivos, es un tema complejo que merece su propio espacio, sin
embargo se puede apreciar que así como hay personas que son naturalmente corruptas, también
aparecen aquellas que no lo son, pero la ineficiencia del sistema y la urgencia
en obtener tutela los pone en una
situación tal, que a fin de procurar que sus papeles avancen o sus razones sean
evaluadas, claudican a sus principios, y
compran en el mercado negro de la justicia aquello que el
Poder Judicial actualmente es incapaz de proveer.
En mi opinión, si pudiésemos medir al Poder
Judicial como a la economía, estaríamos atravesando por un período de hiperinflación,
la situación es crítica, y dudo mucho
que el actual Presidente de la Corte Suprema, por más honorable y sabio en
materia jurídica que sea, pueda resolver esta crisis, no lo han hecho los
anteriores, tampoco lo va hacer él. Esta misión no es para un abogado o un
jurista, sino para ejecutivos y personas que manejen muy bien el gerenciamiento
de grandes organizaciones, y cuenten con herramientas modernas de gestión que
nos permitan primero parar esta crisis aguda, a fin de posteriormente sacar
adelante nuestro sistema de justicia, para que en el futuro sea una alternativa
real y confiable de resolución de conflictos.